Cuatro millones de mujeres y niñas son ofertadas en el mercado mundial de la prostitución. Cada año ½ millón de turistas sexuales llega a Tailandia, a los que hay que sumar los 4,6 millones de tailandeses que hacen uso sexual de las mujeres. En nuestro país, se estima, que 1.200.000 hombres acuden a diario al mercado prostitucional.

Tales prácticas son designadas como actividades de ocio, como típicos y meros entretenimientos masculinos.

La impunidad y tolerancia social hacia el consumo sexual de mujeres es indisociable de un sistema de organización social patriarcal que estatuye privilegios masculinos a consta de nuestra indemnidad.

Ser abolicionista significa optar por un modelo normativo y social encaminado a deslegitimar las prácticas masculinas de consumo sexual de mujeres y reclamar acciones políticas encaminadas:

• A desarticular la industria del sexo y al proxenetismo.
• A desmovilizar y reprobar las prácticas de los prostituidores, sin cuyo dinero sería imposible la subsistencia del mercado prostitucional.
• A garantizar la vida e integridad de las mujeres que superviven en prostitución, mediante medidas de protección e integración social.

Por el contrario cuando una sociedad reglamenta la prostitución, organiza el mercado de la “carne”, al tiempo que instituye un sistema de valores y un mensaje inequívoco: es legítimo el uso comercial del cuerpo de las mujeres.

Las políticas pro regulación o legalización lejos de favorecer a las mujeres prostituidas, representan la confirmación institucional de un modelo social que garantiza el uso colectivo sobre una clase de mujeres, las más desfavorecidas y excluidas socialmente.

El compromiso con la igualdad entre sexos es una apuesta sin excepciones a la consecución de tal objetivo y una cosa es que convivan y pervivan conductas contrarias a ese derecho y otra muy distinta es que el modelo social por el que se opte institucionalice, normativice y autorice tales conductas, tal y como proponen los reglamentaristas.

25 de noviembre de 2010.

 

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